Noé Ibáñez Martínez
Históricamente, el México
posrevolucionario priorizó la incorporación del sector educativo como política
pública fundamental de un Estado al crear la Secretaría de Educación Pública en
1921. José Vasconcelos, primer secretario del nuevo ministerio, inició
inmediatamente una gran campaña educativa en todo el país, no solamente en
zonas urbanas sino también, rurales.
Bien sabemos que un derecho humano
elemental y un recurso ineludible para ejercer otros derechos humanos
fundamentales son, sin duda, la educación y/o la alfabetización. Por lo que la
labor de Vasconcelos iba más allá de una simple enseñanza-aprendizaje; sin
embargo, esta labor adquirió dimensión social con el gobierno de Lázaro
Cárdenas.
Esto significa que para el sexenio
cardenista, la educación rural no solo implicaba la educación de los niños en
un lugar físico llamado escuela, sino, la interrelación de la misma con la
comunidad, con los padres de familia; para que en conjunto, cuestionaran y
resolvieran los problemas de la comunidad misma.
Actualmente, esta interrelación perdió
presencia y perdió importancia. La escuela por un lado y la comunidad por el otro.
La ciudadanía dejó de ser factor activa del proceso de aprendizaje de las
nuevas generaciones. El divorcio entre la ciudadanía y la escuela propició el
desencadenamiento de una serie de problemas sociales que repercuten en el
progreso de la comunidad misma o de una nación.
El mantener una tendencia ascendente
de abandono de conciencia social y el divorcio entre comunidad y escuela;
propicia el creciente número de analfabetas; y por lo tanto, la posibilidad de
alcanzar una democracia efectiva y el ejercicio de otros derechos
fundamentales.
Por tal motivo, la participación
social en la educación es un eje fundamental y condición necesaria para lograr
objetivos que se propone un sistema educativo nacional. Es momento de
reincorporar a los padres de familia y a la comunidad en el proceso de
aprendizaje de sus hijos para dejar de pensar que la escuela es la única
responsable de que un estudiante sea buen ciudadano o no.
Bien sabemos que la inequidad en México
se debe a la presencia de adultos y jóvenes que no acceden al leguaje escrito y
carecen, por lo tanto, de las competencias mínimas necesarias en escritura,
lectura y cálculo elemental. La realidad de este escenario reitera la urgencia
de retomar proyectos en materia de alfabetización en nuestro país, tomando en
cuenta la necesidad de adecuar las estrategias a un contexto de amplia
diversidad cultural, geográfica y social.
Así, el analfabetismo de jóvenes y
adultos debe asumirse como una deuda moral impostergable que debe atenderse. No
obstante, recientemente, inició una campaña impresionante de alfabetización en
un estado donde históricamente, el analfabetismo ha sido el principal obstáculo
para su desarrollo social, económico y democrático. En otros momentos, habíamos
comentado que la democracia en Guerrero es fantasmal, una democracia sin
pueblo, precisamente porque el analfabetismo impide que los guerrerenses fuesen
libres de decidir.
Paulo Freire decía que la educación es
la práctica de la libertad, por lo que si se logra alfabetizar a la mayoría de
los guerrerenses, tendrán la oportunidad de decidir libremente quien o quienes
querrán que los gobierne. Es esa la intención, es esa la meta; hacer que
Guerrero sea libre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario