Noé Ibáñez Martínez
El
Estado mexicano enfrenta la etapa más crítica de la educación pública, una
deuda histórica que desde la postrevolución parecía vislumbrar el nacimiento de
un sistema educativo para los mexicanos y que impulsaría la reconstrucción y
progreso del país; sin embargo, desde los años cuarenta, el contexto social y político
internacional, cambió el rumbo de la educación pública y ésta abandonó su papel
social.
En
las últimas décadas, factores como: nuevas tecnologías de información y
comunicación, el proceso de globalización económica, la irrupción del libre
mercado y el derrumbe de los proteccionismos, la transición hacia la
democracia, la persistencia de una aguda desigualdad social y de manchas
urbanas de miseria, el incremento del narcotráfico, los movimientos
migratorios, la irrupción del feminismo, la exigencia de derechos humanos y de
una justicia más eficaz, la reivindicación de la pluralidad cultural, el
surgimiento de movimientos de autodefensa por la seguridad pública, la pérdida
de valores éticos y cívicos, etcétera; presionaban a favor de una urgente
reforma de la educación.
En
diciembre de 2012, el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 3ro
constitucional, con lo que se busca, devolver al Estado su capacidad rectora de
decidir en materia de planes y programas de estudio, incorporando el valor
“calidad” dentro de los rasgos de la educación que imparta. Sin embargo, esta
reforma desencadenó una serie de resistencias por parte del SNTE y la fracción disidente,
la CNTE, con una serie de medidas y acciones desde protestas y mítines hasta
amparos contra dicha reforma.
Bien,
estas acciones responden a cuatro conceptos clave en la reforma: ingreso,
promoción, reconocimiento y permanencia. A pesar de que Elba Esther Gordillo
sólo se oponga a esta última, la base trabajadora magisterial la concibe en su
conjunto como un atentando al derecho laboral y hasta la privatización misma de
la educación, que sin duda, de pretender esto, sería la mayor traición a los
mexicanos. La evaluación obligatoria acompaña a estas palabras.
Por
un lado, el ingreso al servicio
docente debe estar sujeto a reglas claras que den seguridad de que las personas
mejor preparadas y con mayores capacidades sean quienes ocupen las plazas. Un
maestro que compra una plaza o la adquiere por herencia ingresa a su carrera
con una falta que debilita su función como educador, además de que podría estar
ocupando la plaza de otro maestro con mejor preparación. Entonces la reforma al
artículo 3ro obliga a todos por igual, sin más privilegios que para ingresar al
servicio docente sea por mérito profesional.
Los concursos de oposición para la promoción a cargos con
funciones de dirección o de supervisión reconocen el papel central de quienes
desempeñan esos cargos: son los funcionarios que ejercen la responsabilidad de
autoridad en el ámbito escolar. Cuyo deber es el de propiciar un clima de
trabajo y un ambiente escolar favorables al aprendizaje; deben coordinar,
asistir y motivar a los docentes en su trabajo; realizar los procesos
administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad; y diseñar,
implementar y evaluar los procesos de mejora continua en el plantel. La
asignación de estos puestos no garantiza que quienes ocupan esos cargos sean
las idóneas ni mucho menos por mérito profesional. La reforma propone “la
idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”, sustentada en
la evaluación obligatoria, como el criterio central para otorgar las
promociones. Por ello, éstas quedarán abiertas a todos los maestros, no sólo
para los de mayor antigüedad o para quienes logran puntos por razones que no necesariamente
responden al interés de la educación.
El reconocimiento de
los maestros ha sido planteado por la profesión docente desde décadas atrás. Al
incorporarse a la redacción del artículo 3ro, como parte del servicio
profesional docente, adquiere una especial jerarquía. Esto se convierte en una
posibilidad real de construir las condiciones necesarias para mejorar el
reconocimiento a los maestros. Estos reconocimientos deben apoyar al docente en
lo individual como al equipo de maestros, la institución y la comunidad. Además
de incentivos económicos, los reconocimientos deben abarcar diversas
dimensiones de motivación tanto para el docente como para la profesión,
buscando dignificar el papel del maestro para el desarrollo de la sociedad.
La
permanencia es el apartado más
polémico de la reforma, porque estiman que la consecuencia sería la estabilidad
en el empleo. A pesar de que el gobierno
federal ha difundido las intenciones de la misma, docentes han tomado medidas
que consideran necesario para defender su empleo. Entiendo que la evaluación
sea necesaria para medir avances y debilidades de la educación; pero sin que
esta vulnere la estabilidad laboral del trabajador. Habrá que construir
criterios, mecanismos e instrumentos de acuerdo a la realidad social y cultural
de cada región del país que permitan una valoración integral, sólida y
confiable; buscando actualizar y dignificar la labor del maestro.
Estos
son los nuevos retos que enfrenta la educación en México. A pesar de que ya 17
congresos estatales aprobaron la reforma al artículo 3ro como requisito mínimo
para que entre en vigor; se han intensificado acciones del magisterio mexicano
buscando rechazar e impedir dicha declaración constitucional. Sin embargo, todo
parece indicar que entrará en vigor, sólo esperemos que cumpla con la
declaratoria que expresa “el respeto a
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación…”
